Publicado 09-10-2020
09/10/2020
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha rechazado el cierre perimetral de las nueve ciudades y ha apostado por volver al confinamiento por zonas básicas de salud, una medida que es insuficiente para el Gobierno central. El Gobierno regional mantiene el pulso mientras el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con un tono más duro del habitual, admite que «la paciencia tiene un límite»: «Es indiscutible que no podíamos no actuar -ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete-. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada». «La obligación de este Gobierno, y de cualquier Gobierno con alma, es frenar al virus», ha agregado.
La reunión extraordinaria del Consejo de Ministros ha comenzado al mediodía. Era la hora a la que expiraba el plazo que le había dado a Isabel Díaz Ayuso para aceptar una de las opciones para mantener las restricciones de movilidad que revocó la justicia. Pedro Sánchez convocó a su gabinete este jueves por la noche de urgencia ante la posibilidad de decretar el estado de alarma en Madrid si no había un entendimiento con el Gobierno regional, al que planteó decretar esa medida conjuntamente o que fuera la Comunidad la que impusiera de nuevo las restricciones a través de una nueva orden. «El presidente fue claro ayer y ha habido margen para tener una respuesta de la Comunidad de Madrid», han asegurado fuentes de Moncloa en ese momento.
«El Presidente le dio a la presidenta ayer tres escenarios. Incluso le dijo que por cortesía podía retrasarse un poco el Consejo de ministros de las 8:30 a las 12:00. No le ha llamado», explicaban en presidencia del Gobierno. Por su parte, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se ha puesto en contacto con su homólogo regional, Ignacio Aguado, para comunicarle que acaba de arrancar el Consejo de Ministros y que la presidenta no ha llamado al presidente», agregan esas fuentes. La conversación entre ambos mandatarios se ha producido poco después. «La Comunidad de Madrid pide más tiempo. El presidente le ha traslado que hay que proteger la salud pública ya y que se aprobará el Estado de Alarma. Han acordado que en los próximos 15 días los equipos seguirán hablando de los escenarios», han explicado fuentes gubernamentales.
El decreto del estado de alarma contiene las mismas restricciones que entraron en vigor la semana pasada, aunque fueron anuladas por la justicia por problemas de habilitación jurídica para llevarlo a cabo. «Serán las mismas medidas. Todo sigue igual, simplemente con otra cobertura jurídica. Las medidas son las mismas que estaban vigentes ayer», ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. La única que queda fuera de las restricciones es Alcalá de Henares porque ha mejorado sus parámetros, según ha indicado el ministro. La opción del estado de alarma permite dar cobertura legal a esa limitación de la movilidad de los ciudadanos en Madrid y las otras nueve ciudades madrileñas con un mayor nivel de incidencia del virus. El Gobierno tiene la potestad de recurrir a esa herramienta excepcional en virtud del artículo 116 de la Constitución en todo el territorio nacional o una parte del mismo por un periodo máximo de quince días. El Ejecutivo tendrá que dar cuenta en el Congreso de esa medida adoptada, aunque no es necesario su aval para esta primera quincena. En el caso de que el Gobierno pretendiera prolongarlo sí necesitaría la autorización del Parlamento.
Illa no ha especificado cuánto durará la situación, aunque confía en que estos 23 días de restricciones -los ocho anteriores y las próximas dos semanas- sean suficientes para doblegar la curva. Ahora bien, ha dejado claro que no basta con reducir la incidencia de contagios a 500 por cada 100.000 habitantes sino que el escenario ideal es estar en el entorno de los 100, es decir, reducir la curva de contagios «contundentemente».
En un tono más duro que en otras ocasiones, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que la «paciencia tiene un límite» y ha acusado a Ayuso de «no hacer nada» tras haber hecho una cronología de los desencuentros desde hace tres semanas. «Podemos cruzarnos de brazos o frenar al virus. La política está para servir y frenar al virus», ha afirmado Illa antes de sentenciar: «Se ha llegado aquí porque no se ha actuado antes en la Comunidad de Madrid». «Es indiscutible que no podíamos no actuar», ha afirmado Illa, que ha sido muy serio al afirmar que la región no se enfrenta a rebrotes sino que hay «transmisión comunitaria». Además, el titular de Sanidad ha comparado las actuaciones en ciudades como París o Berlín, donde las restricciones se han llevado a cabo con una incidencia mucho menor que la que tiene ahora mismo la capital española. «No hay más ciego que el que no quiere ver», ha reprochado.
Illa se ha mostrado convencido, además, de que la normativa vigente en materia de sanidad y salud pública es suficiente para llevar a cabo las medidas para paliar la segunda ola del coronavirus y se ha referido concretamente a la ley de 1986 en la que se han basado otras comunidades, como Andalucía o Castilla y León, cuyas restricciones han sido avaladas por la justicia. «Estamos como estamos porque algunos se han empeñado en llegar hasta aquí», ha afirmado Illa, que ha recordado que «en seis ocasiones que la Comunidad de Madrid ha invocado la ley de salud publica» recibiendo el aval judicial y que no lo ha hecho en la que ha sido tumbada por la justicia. «Lo que hemos hecho es dar un marco de seguridad para que estas medidas se puedan adoptar. Lo que hemos hecho hoy era necesario hacerlo», ha sentenciado.
El despliegue de controles se producirá desde primera hora de la tarde para vigilar el cumplimiento de las restricciones a la movilidad impuestas por el estado de alarma que decretará el Gobierno. El dispositivo de seguridad de Policía Nacional y Guardia Civil, constituido por 7.000 agentes, está preparado para realizar "controles en diferentes puntos de salida" de los municipios afectados.. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, responsable de la policía municipal en la ciudad, se ha mostrado contrario a la aplicación en sucesivas entrevistas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha comparecido junto a Illa tras la reunión del Consejo de Ministros, ha reconocido que el decreto contiene un régimen sancionador, aunque ha asegurado que «las medidas sancionadoras no tienen un fin recaudatorio sino de garantizar la salud pública». Las multas comenzarán a imponerse desde el momento en el que el BOE haga público el decreto del estado de alarma, aunque Marlaska ha asegurado que los agentes lo harán «con la proporcionalidad y la necesidad que sea imprescindible».
El Gobierno madrileño ha afrontado dividido esta situación. La presidenta del PP era partidaria de recuperar los confinamientos perimetrales basándose en las zonas básicas de salud -un planteamiento que para el Ejecutivo central fue desde el principio insuficiente- mientras que Aguado prefería optar por una nueva orden que incluyera las restricciones que tumbó la justicia pero solucionando el fallo de forma que permitió al TSJM tumbar la orden, como hizo el Gobierno de Castilla y León que ha conseguido la ratificación del TSJ de la autonomía.
Pero la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue siendo su modelo de zonas básicas de salud pese a que esta opción no estaba prevista entre las opciones que el Gobierno ofrecía. No obstante, Ayuso ha optado por no comparecer y el encargado de comunicar esa decisión a la opinión pública en un día tan importante ha sido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una rueda de prensa, en la que ha defendido que el Ejecutivo autonómico «tiene un plan y está funcionando».
«Es un plan basado en las zonas básicas de salud, que nos permite tomar las decisiones estratégicas para contener el virus», ha defendido Escudero que ha explicado que la nueva propuesta endurecería los umbrales para que tuvieran restricciones las áreas con una incidencia acumulada de 750 casos por 100.000 habitantes los últimos 14 días. Afectaría a 51 zonas, ha asegurado Escudero. «Es algo que la Comunidad de Madrid tiene testado», ha proseguido.
El consejero de Sanidad ha asegurado que tendrá que ser el Gobierno el que explique qué pasa ahora cuando entre el vigor estado de alarma en la región. «En el momento que se haya decretado son ellos los que asumen la competencia», ha señalado. «Tendrán que decir qué tienen pensando con los madrileños. Va a resultar muy difícil entender que se aplique cuando las decisiones que ha tomado la consejería de Sanidad, con todo su equipo técnico, van con un descenso claro desde el punto de vista epidemiológico y asistencial», ha insistido Escudero en defender la mejoría de los datos cuando este jueves la propia Ayuso pedía a los madrileños que no salieran de viaje durante el puente.
Respecto a los datos, el consejero ha sostenido que el Ministerio de Sanidad les "felicitó" por la evolución de los cifras antes de decretar el estado de alarma. "Fuimos felicitados, pero luego sale la decisión política que va en contra de sus técnicos. No nos dieron la más mínima opción", ha reprochado Escudero. Una versión de los hechos que contrasta con las tres opciones que el Gobierno de España asegura que dio a Ejecutivo de Ayuso: rehacer la orden para permitir el cierre perimetral de Madrid, convocar autónomamente el estado de alarma o, en el último caso, forzarlo por parte del Consejo de Ministros.
En una intensa reunión en la Puerta del Sol que ha durado horas se han constatado las diferencias de criterio entre Ayuso y su vicepresidente, que Escudero ha enmarcado en la propuesta de diferentes "opciones". "La decisión se ha producido finalmente en el sentido que conocen", ha concluido el consejero. Sin embargo, Aguado ha lamentado después que se haya llegado a este escenario: «La declaración del estado de alarma en Madrid era evitable. Había alternativas. Lamentablemente los políticos hemos vuelto a fracasar. Las consecuencias las pagan los ciudadanos. Mis disculpas por ello», ha lamentado en su cuenta de Twitter.
Respecto al nuevo choque de la Comunidad de Madrid con el Gobierno, Illa ha reconocido que sería «mejor si vamos todos unidos», pero ha advertido de que «el Gobierno va a poner todo su empeño en proteger la salud». Así, ha asegurado que «intentará siempre hacer las cosas por consenso de acuerdo con las comunidades pero si tiene que actuar, actuará para proteger la salud de los españoles».
